El diario(La Primera) ha denunciado y probado planes de represión contra la oposición izquierdista. Los nombres y las firmas de los represores están a la vista. Pero, como hemos señalado antes, hay en marcha algo mucho más grave: una estrategia represiva alentada por grandes empresarios, en particular de la minería.
No se trata hoy de un operativo policial torpe y circunscrito.
Lo que se busca es atemorizar, confundir y dividir a los sectores populares. El objetivo es aplastar el descontento social, suprimir toda voz crítica en los medios de comunicación social y limpiar, así, el terreno para las elecciones de 2011.
La maniobra descubierta por LA PRIMERA es una provocación. En prosa truculenta, se intenta acusar a Roque Gonzales, preso sin causa desde hace 10 meses, como jefe de una red terrorista en la que entran, en zafarrancho, Ollanta Humala; Virly Torres, funcionaria de la embajada de Venezuela; y un supuesto enlace de la Coordinadora Continental Bolivariana, Amílkar Figueroa Salazar.
De buenas a primeras, el documento policial llega a la conclusión de que todos los involucrados son terroristas, pasibles de penas de prisión no menores de treinta años.
De acuerdo con tan fervoroso deseo, Humala y sus compañeros saldrían en libertad el año 2041. Alan García tendría tiempo, entretanto, para ser reelegido por lo menos dos veces más.
La truculenta historia forjada en la DIRCOTE hace recordar el apócrifo “Documento de Rancagua” publicado en 1947. El texto pretendía demostrar que Moscú pagaba a los comunistas chilenos que se oponían a la dictadura criminal de González Videla. Sirvió para ilegalizar al PC de Chile y perseguir, entre otros, a Pablo Neruda.
En 1971 apareció otro texto falso con miras a la represión de la izquierda. Lo redactó el gusano cubano Armando Cruz Cobos, íntimo colaborador del Apra, con la ayuda de Eudocio Ravines, renegado del comunismo.
Era un escrito que pretendía que muchos peruanos recibían pagos de Cuba.
La torpeza consistió en incluir una lista de “sobornados” en que figuraban personajes que nada tenían de izquierdistas, como Francisco Miró Quesada Cantuarias, quien aparecía percibiendo cien soles de asignación. También figuraba el médico comunista José Benito Montesinos, muerto hacía muchos años.
La denuncia montada ahora por policías de bajo cociente mental debería servir, en todo caso, para desenmascarar la peligrosidad de los planes represivos de Alan García y sus ministros. Y para renovar los pedidos de que se ponga fin al injusto encarcelamiento de Roque Gonzales, sobre todo ahora que uno de sus ex compañeros de lucha, Yehude Simon, es Presidente del Consejo de Ministros.
Recordemos que detrás de todo está la incurable megalomanía de un Presidente que se cree destinado a salvar al mundo y, de paso, al Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario