SOLO PEDIMOS PENALIDAD PARA LOS CORRUPTOS

Es explicable el repudio que ha generado el escandaloso negociado en la concesión de un paquete de lotes de exploración petrolera. Y es que el país no solo ha asistido a la exhibición de una estrategia de corrupción vilmente tramada, sino a la comprobación de cuán desamparado está el Estado respecto de sus mecanismos de transparencia, prevención, control y sanción.
El hecho compromete la imagen del Gobierno porque vincula a por lo menos dos personajes --Alberto Quimper y Rómulo León Alegría-- ligados al Partido Aprista y con un pasado político y profesional controvertidos. Pero la falta de una política nacional, abierta y comprometida con la lucha contra la corrupción, que garantice la transparencia en la función pública, también aumenta el escepticismo y la vergüenza que estos acontecimientos han causado en la población.
El presidente Alan García ha reaccionado rápido y con dureza para aceptar las renuncias del titular de Petro-Perú y del ministro de Energía y Minas. No obstante, más allá de estos gestos políticos, el tema pasa por explicar qué hará el Gobierno para detener con decisión la estructuras corruptas que se mueven de arriba a abajo en el aparato estatal.
En primer lugar, qué hará para instaurar la transparencia y la prevención como una estrategia de gestión eficiente en la administración pública. Es inconcebible que los portales virtuales no se actualicen más, lo cual no solo es una transgresión a las leyes vigentes sino un freno a la vigilancia ciudadana.
En lo mismo, no es la primera vez que las licitaciones abiertas, que exigen un concurso público, son objeto de cuestionamientos. Bien podríamos preguntar qué está pasando con las adjudicaciones directas, en las que no media la exigencia de ciertas bases y especificaciones técnicas. El caso exige explicar quién controla la aplicación de la Ley de la Gestión de Intereses en la Administración Pública Ley 28024, conocida como ley de lobbies, y bajo qué criterios se nombra a los directorios de las empresas estatales.
En cuanto al control, un tema aparte es la función sancionadora del Estado en manos de un 'pool' de procuradores públicos, cuya independencia está hoy en entredicho: o defienden los intereses del Estado o los del gobierno de turno.
La justicia deberá investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos denunciados. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de liderar una lucha vertical contra la corrupción que involucre a todos los pilares institucionales: poderes públicos, contraloría y defensoría, organismos reguladores, sociedad civil y prensa, cuya denuncia ha hecho posible que esta vez nuevamente salga a la luz otro acto de abominable corrupción. Bajo el liderazgo de un gobierno comprometido con la honestidad, todos deben participar, vigilar y sancionar a quienes pretendan socavar el Estado. Convivir con la corrupción y la cultura de la ilegalidad