El Apra y Alan García Pérez, constituyen una inmundicia para la salud moral del Perú. No pasa un día que no se descubra un hecho de corrupción en las esferas del gobierno. No pasa un día que la represión policial haga victimas a campesinos, trabajadores y pobladores. No pasa un día en que el hambre y la miseria aumente en el país. A todo este drama se agrega ahora los planes que tienen el gobierno de Alan García para dejar sin castigo a militares y policías responsables de brutales matanzas de cientos de peruanos. El primer vicepresidente de García, el vicealmirante Luis Giampietri, sería uno de los beneficiados de la ilegal amnistía que se prepara para dejar sin castigo a cerca de 600 criminales de guerra.
Una amplia información sobre este problema lo entrego en un articulo la periodista María Elena (Diario La Republica), que aquí reproducimos por ser de sumo interés para nuestros lectores y la opinión publica internacional.
Por: María Elena Castillo (diario La Republica).
La amnistía o el indulto propuestos para militares o policías condenados o procesados por violaciones de los derechos humanos busca ayudar a los altos mandos, que son realmente responsables de estos delitos, advirtió el presidente de la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, el comandante (r) Jorge Rivas Domínguez.
"Estos proyectos tienen nombre propio. Se están proponiendo para evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes, como el general Hermoza y el vicealmirante Giampietri, que están siendo o pueden ser juzgados por actos de violaciones de derechos humanos", dijo.
Cuestionó la propuesta de los congresistas afirmando que la verdadera intención es congraciarse con miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, haciendo parecer que se preocupan por los efectivos que están siendo enjuiciados.
"Los congresistas Mercedes Cabanillas y Gonzales Posadas han sido presidentes de la Comisión de Defensa y no han hecho nada. Y recién ahora, que el gobierno está desacreditado, están buscando acercarse a los militares", manifestó.
NO QUIEREN AMNISTÍA
Rivas sostuvo que muchos miembros que pertenecen a la asociación que preside participaron en la lucha contra el terrorismo y varios de ellos ahora están detenidos injustamente por órdenes judiciales.
Aseguró que lo que exigen es tener un proceso adecuado para demostrar su inocencia, pero no una amnistía ni un indulto.
"Ellos quieren que se les juzgue, se limpie su nombre, se reconozca su inocencia, pero que todo ello se haga rápido, con la adecuada celeridad. Ellos no quieren indulto ni amnistía, sino que se declare que son inocentes", enfatizó.
Criticó que con estos proyectos se intente poner juntos a responsables e inocentes, con el argumento de hacer justicia a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la pacificación.
"Los que sí han tenido participación en las violaciones de derechos humanos deben ser castigados. No se puede amnistiar al grupo Colina, a los que actuaron en Accomarca o en otros casos así", refirió.
Aseveró que los oficiales medios y los suboficiales solo cumplieron órdenes de los altos mandos y las directivas del gobierno, "y ahora nuevamente los quieren utilizar".
SIN PRUEBAS
Señaló que gran parte de los más de 600 efectivos militares y policiales investigados por violaciones de derechos humanos están siendo perseguidos sin pruebas consistentes, sino por la simple sindicación de presuntos testigos.
"A pesar de que no se han presentado pruebas contundentes, varios están detenidos, esperando desde hace tiempo justicia", manifestó el comandante (r) Rivas.
"Pero ellos no quieren amnistía ni indultos, sino que se les haga un debido proceso y que los magistrados evalúen de forma adecuada la situación que tuvimos que afrontar cuando estuvimos defendiendo a la patria", agregó.
ENFOQUE
Hay sentencias de la CIDH y el TC
Luis Alva Orlandini Ex presidente del Tribunal Constitucional
La amnistía y el indulto están establecidos en la Constitución, pero en este caso deben manejarse con cuidado porque hay pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH y del Tribunal Constitucional. Además, en un Estado de Derecho le corresponde al Poder Judicial impartir justicia. En los casos de terrorismo se justificó porque la justicia militar vio temas que no eran de su competencia y estábamos en un sistema autoritario. Pero ahora tenemos un Poder Judicial independiente.
Sin cifras oficiales
El informe 112 de la Defensoría del Pueblo, realizado en base a 59 casos de violaciones de derechos humanos presentados por ellos y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala que hay alrededor de 350 efectivos militares y policiales que están siendo investigados por violaciones de derechos humanos.
El informe 128 precisa que, de ellos, 160 efectivos tienen mandato de detención; sin embargo, en la mayor parte de los casos ésta no se ha concretado, pues solamente 31 cumplen prisión efectiva.
Por otra parte, están las cifras del ministerio de Defensa, que dan cuenta de alrededor de 640 efectivos investigados por estos casos, mientras que el congresista Edgar Núñez dijo que hay al menos 3 mil.
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