¿Solución de conflictos?

Esta semana ha sido Quillabamba por el gas y sus implicancias para el desarrollo local. Antes fue Tía María por el agua. Hace poco las comunidades de Parinari, Urarinas y Nauta reclamaron compensaciones por el derrame de petróleo en el Marañón. Dicen que se viene Inambari por un tema de tierras y reasentamiento poblacional. Son conocidas las crecientes disputas sociales en torno a linderos, contaminación y desarrollo local que involucran a la población con las industrias extractivas. Allí están también los reclamos sociales por incumplimiento de promesas, rendición de cuentas y casos de corrupción. Gracias al trabajo de la Defensoría del Pueblo contamos con un registro que nos permite conocer esta realidad compleja, controvertida y muchas veces de difícil solución porque refleja también reclamos históricos olvidados que, al adquirir dimensión mediática, trascienden la agenda política.

El conflicto social está redefiniendo roles y funciones en nuestra sociedad, con prácticas y actitudes muy necesarias para nuestro desarrollo, como son el diálogo, la generación de acuerdos y la búsqueda de consensos, pero con otras absolutamente contraproducentes, como la toma de carreteras, la destrucción de propiedad privada, atentar contra la integridad de las personas y el uso de la violencia. Nada justifica la violencia y debemos conquistar otras formas de interactuar. De la misma manera debemos cuidarnos de creer que firmando actas, levantando la huelga y logrando el desbloqueo hemos arribado a una solución. Un acta solo pone paños fríos a la euforia del momento. Si no actuamos consecuentemente para satisfacer los compromisos asumidos y las expectativas generadas, el conflicto se enardecerá generando un caldo de cultivo para la violencia.

Nuestras autoridades en el día a día tienen la responsabilidad de generar las condiciones de prevención del conflicto social. Para ello no se requieren inversiones, basta preocuparse por explicar desde un inicio lo que hacen y comunicarlo de manera entendible y útil para la gente; buscar sintonizar con la ciudadanía, oyéndola, consultándola; garantizar un trato a todos por igual, para que nadie se sienta ciudadano de segunda clase; esforzarse por cumplir la ley y hacerla cumplir con autoridad; involucrar a la población en su desarrollo económico; trabajar a favor de la inclusión social y rendir cuentas oportunamente. Todas esas son buenas prácticas en gestión pública y dado que en el Perú hay muchas autoridades que están haciendo las cosas bien, este 25 de agosto conoceremos en el PAD a los ganadores del Premio al Estado.