UNA SENTENCIA SEVERA PERO QUE DEVE ACATARSE

Con la sentencia de ayer concluye la primera parte del largo e histórico proceso de enjuiciamiento a un ex presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, que llegó al poder por la vía democrática, pero que, por decisión propia, se convirtió en dictador.

El histórico fallo es, ante todo, producto de un proceso judicial que oportunamente las partes (civil, defensa, Ministerio Público y Estado) consideraron impecable. Por lo mismo, la resolución de ayer debe entenderse no solo como legítima, sino también acorde a derecho y justa.

Sobre la legitimidad, es absolutamente claro que el tribunal, presidido por el doctor César San Martín e integrado por los doctores Hugo Príncipe y Víctor Prado, reunía todas las condiciones que, sobre las garantías constitucionales, establece la Carta Magna de 1993, promulgada durante el gobierno de Fujimori. Estos magistrados han sido jueces naturales, vocales de la Corte Suprema a quienes correspondía el enjuiciamiento de un ex mandatario.

La defensa de Fujimori, por su parte, ha podido presentar los descargos y pruebas previstos en el Código de Procedimientos Penales. Asimismo, no fue coartado el derecho del acusado a hacer su propia defensa y alegato final.

Abona también a la legitimidad del proceso el que haya sido público, con presencia de observadores nacionales e internacionales, familiares y hasta partidarios.

Sin embargo, el proceso no ha concluido aún, pues, como lo ha pedido el propio acusado, corresponde dar trámite al pedido de nulidad ante la Corte Suprema.

Desde la perspectiva del Derecho, al ex presidente Fujimori se le ha juzgado por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, lo que ha quedado demostrado por la teoría de autoría mediata y de dominio de hecho, tipificada en el corpus penal.

Y la única mención que se ha hecho de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es para señalar que sus aportes sirven para la contextualización, mas no para el juicio en sí mismo.

Esta probidad de los jueces, que no se han apartado del espíritu de la norma ni de la recta interpretación de conciencia, demuestra que la justicia peruana no se ha guiado por aquello que, con error y grosería, la defensa ha llamado “juicio mediático”.

Desde el punto de vista de la justicia, la conclusión es clara: la involución de un ex presidente cuyo mandato nace de las ánforas, para convertirse en autócrata, luego en dictador y después, como lo dice la sentencia, en asesino, exigía sanción ejemplar.

Esta se ha dado, en lo judicial, por la vía penal, pero también en lo ético y en lo moral, pues la prisión dictada marca un precedente de que la violación de los derechos humanos no debe quedar impune.

Pero, la dimensión de la justicia se da también en otros niveles. A Fujimori se le reconoció el derecho a ser precalificado por la Corte Suprema de Chile, con lo que el Estado Peruano debió soportar un complejo proceso de extradición, por el cual muchos delitos no han podido ser procesados acá.

Ahora bien, la aplicación de la justicia no se restringe solo a Fujimori. La sentencia precisa que fueron él y un grupo de funcionarios, así como militares corruptos y desvirtuados, los responsables de los crímenes. Esto significa que no fueron las instituciones de las Fuerzas Armadas las responsables. Entender esto es vital para promover la recuperación del respeto que los peruanos debemos a las instituciones tutelares.

En cuanto a las reacciones, tal como hemos dicho ya, lo que corresponde ahora, pese a quien le pese, es acatar la sentencia y respetar el procedimiento final de la petición de nulidad que ha planteado la defensa.

Por supuesto, es comprensible que en la dimensión humana los familiares y seguidores de Fujimori puedan sentirse dolidos e incómodos. Pero, aun entendiendo eso, nada justifica que pretendan desconocer lo actuado y menos que convoquen a manifestaciones y actos violentos.

Peor todavía si la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, es congresista y pretende ser candidata presidencial. Si ella alienta actos de rebeldía, inmediatamente se descalifica como demócrata y como ciudadana respetuosa de la ley. Frente a un fallo judicial producido en un régimen democrático, quien no lo acate se convierte, en términos políticos, en cómplice del sentenciado.

Finalmente, no deja de ser paradójico que la defensa de Fujimori anuncie que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a esa misma instancia que fue desconocida por el régimen fujimorista cuando los deudos de las víctimas acudían a la jurisdicción internacional con la esperanza, ni siquiera de encontrar justicia, sino de plantear medidas cautelares que preservaran sus vidas.