¿Diálogo de Sordos?

Dos acontecimientos políticos recientes sugieren que estamos enfrascándonos, en un año electoral, en un diálogo de sordos. La tragedia de Bagua muestra lo difícil que es, incluso con buena voluntad, ponerse de acuerdo sobre hechos, motivaciones y consecuencias, particularmente cuando se confrontan maneras diferentes de ver el mundo. Los desencuentros entre miembros de la Comisión Investigadora ponen de manifiesto estas dificultades —derivadas de posiciones antagónicas sobre el uso de los recursos naturales, los derechos de las comunidades nativas, y lo que es el “desarrollo” en el Siglo 21. Los agrios debates acerca del Museo de la Memoria muestran lo duro que es para muchos considerar, no digo aceptar, la validez de puntos de vista diferentes a los suyos.

Esto no es nuevo. En nuestra historia reciente los espacios de diálogo constructivo se han reducido al mínimo, para recuperarse parcialmente con enorme esfuerzo. La Mesa de Diálogo auspiciada por la OEA y el gobierno de Canadá, luego de la renuncia de Alberto Fujimori, fue uno de esos esfuerzos que ayudó a sentar las bases de un consenso razonable para la transición política. Los precarios espacios de diálogo se debilitan en períodos electorales: las ofertas políticas antagónicas llaman más la atención y rinden mejores dividendos.

Tres espacios de diálogo político son de singular importancia en la actualidad. El primero es el Congreso, cuyas limitaciones todos conocemos. Las propuestas de reforma hechas a la ligera y en función de cálculos electorales, no deberían discutirse en un año electoral. Sería mejor convocar a un grupo plural de ex-parlamentarios, constitucionalistas, expertos en sistemas electorales y ex-autoridades regionales y locales, para proponer opciones de reforma para consideración del Congreso que será elegido en 2011.

El segundo espacio es el Acuerdo Nacional, sobre el cual persisten aún concepciones erradas. He escuchado frecuentemente decir que el Acuerdo “no hace nada” y que sus decisiones “no se llegan a implementar”. El Acuerdo Nacional no es una entidad operativa, y ni puede ni debe, inmiscuirse en los ámbitos de acción del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es una instancia de pedagogía y práctica política al más alto nivel, cuya función es demostrar que el diálogo respetuoso y constructivo es posible y fructífero. Las 31 Políticas de Estado aprobadas por el Acuerdo no son, ni deben considerarse, como un plan de acción, sino como muestra de que es posible conciliar puntos de vista diferentes, aún sea en términos generales. La práctica, a veces tediosa y lenta, de escuchar al otro y hacer un esfuerzo por entenderlo, es parte esencial de los procesos democráticos. Si bien todo esto es más difícil en períodos electorales, espero que sea posible preservar y fortalecer este valioso espacio de diálogo y formación de consensos. Nos hará falta cuando menos lo imaginemos.

El tercero es el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que sigue siendo un signo de interrogación. Si no llega a definir prioridades con claridad y a vincularlas directamente con la formulación del Presupuesto de la República, la agenda legislativa, y la gestión y evaluación de desempeño en el sector público, habrá perdido una oportunidad cuyo surgimiento tomó mucho tiempo y esfuerzo. El “Plan Perú 2021” es un buen documento de diagnóstico y de lineamientos de política, pero sus metas, indicadores y programas estratégicos tienen una precisión ilusoria y permanecen aún en el nivel del “hay que….,”. Falta mucho para que el CEPLAN pueda convertirse en un espacio de diálogo, consenso y toma de decisiones vinculantes, como debería ser.

Bagua y el Museo de la Memoria, así como los resultados de la Mesa de Diálogo post-Fujimori, nos recuerdan lo importante que es el diálogo y el consenso para el futuro de nuestro país. Las limitaciones del Congreso y el CEPLAN, y la expectativas excesivas sobre el Acuerdo Nacional, hacen necesario prestarles más atención y resguardarlos.