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Comunidades campesinas, una olímpica puñalada
La metida de pata de Alan García, con la iniciativa de proponer a Lima como sede de las Olimpiadas de 2016 ha llamado la atención sobre el tono eufórico de este otoño presidencial, pero ha hecho perder de vista la promulgación de una medida del Ejecutivo que reviste una preocupante gravedad.
El D.L. 1015, publicado el martes 20 en El Peruano, busca facilitar la venta de las tierras de las comunidades y su disolución, a través de una sustancial alteración del sistema de votación vigente. Una propuesta similar, la número 1992, había sido presentada por la Célula Parlamentaria Aprista al Congreso y había recibido un dictamen negativo de la Comisión de Pueblos Indígenas. Su emisión por el Ejecutivo deja en claro quién es el autor del desaguisado.
Hasta ahora, la decisión de vender las tierras de las comunidades a terceros (empresas mineras, por ejemplo) requiere la aprobación del 66% de los comuneros calificados, pero la nueva norma reduce esta cantidad al 50%, no de los comuneros calificados sino de los asistentes a una asamblea. Mirko Lauer ha escrito que bajando de 66% a 50% la valla esta sigue alta, pero esta se ha bajado bastante más: asumiendo que una asamblea sea convocada regularmente (digamos con un quórum del 50% más 1 de los comuneros calificados), bastaría que la mitad más uno de estos votara a favor para que pudieran decidir por todos. En una comunidad con mil comuneros, por ejemplo, ya no sería necesario el voto de 660 sino de 251. Así, la cuarta parte de los comuneros podría decidir hasta la liquidación de la comunidad. Si se juega con un poco más de malicia -si no hay quórum reglamentario hacer una segunda convocatoria para media hora después, con la cantidad de comuneros asistentes, por ejemplo- se podría reducir aún más la valla.
Esta es una medida abiertamente anticonstitucional, que choca además con convenios internacionales que el Perú ha suscrito, que continúa y profundiza la política de despojar a los más pobres en beneficio de los más ricos. Las comunidad es, ante todo, un medio de defensa fundamental para el campesinado indígena pobre, que constituye el estrato más desprotegido de nuestra sociedad. Se le pretende imponer ahora una medida que no existe para las entidades poderosas. ¿O piensa el Apra decretar que las empresas puedan ser disueltas por la cuarta parte, o menos, de los accionistas? La medida se ha tomado, por supuesto, sin consultar con los interesados, y ya los gremios campesinos anuncian medidas de lucha para defenderse. Ya los invitados de la V Cumbre partieron, y el Perú ha vuelto a la normalidad.